El pasado lunes 16 de enero hemos tenido una reunión vecinal en la que hemos abordado la situación creada en nuestro pueblo por la ocupación de casas. De hecho se ha producido la ocupación y posterior desalojo de un caserío y el intento de ocupación de otra casa.
Reunidos en asamblea vecinal, a la que han asistido agentes políticos, hemos analizado la situación y hemos llegado a las siguientes conclusiones:
• No estamos de acuerdo con la okupación de viviendas privadas; pues creemos que hay otras alternativas al cumplimiento del derecho universal a una vivienda digna.
• Por lo tanto, lamentamos el acto de ocupación sufrido en Urioste estos días. Por ello, ante nuevos casos de okupación en nuestro pueblo informaremos a los okupas del acuerdo anterior.
• Que en algunos casos se hayan conseguido recuperar casas abandonadas mediante convenios de okupación con los propietarios es algo a tener en cuenta; pero se ha de respetar la voluntad de los propietarios.
• Hay diferencia entre casas vacías y casas abandonadas. Que una casa esté vacía no implica que esté abandonada. Con todo, habrá que respetar la decisión de los vecinos-propietarios sobre el uso de dicha vivienda. La política de hechos consumados por la okupación conlleva un conflicto que está tipificado por el Código Penal como delito de usurpación, que puede verse agravado por los delitos de allanamiento de morada, expolio, robo e incluso violencia o resistencia a la autoridad, lo que da cuenta de la gravedad de la situación.
• Por otro lado, en el municipio hay un censo de viviendas vacías que puede utilizarse para informar y sensibilizar a los propietarios de estas casas del programa de Etxebide del Gobierno Vasco por el que el ente público media para garantizar la posibilidad de alquilar las viviendas con la vigilancia del GV en el buen uso de la vivienda. O el programa de Vivienda de Cáritas que realizan un acompañamiento de las familias y realizan una supervisión directa del buen uso de la vivienda. Cáritas incluso se ocupa de la rehabilitación del piso para que puedan tener un destino social.
• Asimismo, el Ayuntamiento, puede mediar con las viviendas vacías propiedad de los bancos para que éstas puedan ser utilizadas también como alquiler social.
• Por otro lado, las viviendas propiedad del Ayuntamiento tienen que ser puestas al servicio de la ciudadanía con dificultades, evitando la venta a particulares como ha ocurrido recientemente con las viviendas municipales de San Antón. Asimismo, habrá que garantizar la propiedad pública tanto de las viviendas de protección oficial como las de protección social, evitando su venta o enajenación.
• Es necesario potenciar la labor de Bienestar Social del Ayuntamiento y dotarla de fondos y recursos suficientes para poder atender las demandas de necesidades de vivienda, garantizando un techo a toda persona o familia que solicite ayuda.
• La llamada a la solidaridad y al justo reparto de la riqueza ha de ser una máxima para nuestra sociedad, que ha de continuar canalizando las ayudas hacia los más desfavorecidos para poder vivir una vida con dignidad.
URBEGI AUZO ELKARTEA
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